Morelia Michoacán a 27 de marzo de 2017.-Michoacán fue de los primeros estados que cumplió en tiempo y en forma, con la armonización en materia de transparencia, dejando de manifiesto la vocación de la LXXIII Legislatura Local que sea público el quehacer de los poderes, partidos y organismos autónomos, quienes deberán ahora cumplir con la norma, afirmó el diputado Francisco Campos Ruiz, quien informó que en el caso del Congreso del Estado, se instruyó a las distintas áreas para subir la información a la página oficial.
El Diputado presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información, señaló que el Congreso del Estado está haciendo lo que le corresponde para cumplir en tiempo con lo mandatado en la ley, por lo que a las distintas áreas del Poder Legislativo ya se les informó de que el cinco de mayo próximo, vence el plazo y quien no acate la norma, se hará acreedor a las sanciones que establece la ley.
En ese sentido, recordó que con la ley en mención tanto los diversos poderes, como partidos, sindicatos, fundaciones y asociaciones civiles, tendrán que rendir cuentas de los recursos públicos que ejercen o de los actos de autoridad que realicen, lo cual además de estar establecido en la ley, es una demanda de los ciudadanos.
La finalidad, resaltó, es garantizar el acceso a la información de la administración pública y en el Congreso del Estado se tiene el compromiso de cumplir en tiempo y forma, por lo que se han realizado talleres para capacitar a los responsables de las distintas áreas del Poder Legislativo para que se realice apegado a los lineamientos.
Francisco Campos, agregó que a las distintas áreas ya se les explicó sobre el uso de los formatos y manejo de la información que deben proporcionar y que deberá subirse al portal web de esta institución, para efecto de cumplir con las disposiciones de ley, por lo tanto, quien no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.
Recordó que tanto en la norma federal como local se establecieron los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.