Morelia, Michoacán a 15 de abril de 2026.- El presidente del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, denunció un presunto desacato por parte de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), al no cumplir con lo establecido en el decreto que mandata la actualización de su Ley Orgánica, además de ignorar un exhorto formal emitido por el Poder Legislativo.
De acuerdo con el legislador, el decreto número 163, publicado el 8 de marzo de 2025 en el Periódico Oficial del Estado, otorgaba a la universidad un plazo máximo de 190 días hábiles para realizar adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas que permitieran armonizar su funcionamiento interno con la nueva legislación. Sin embargo, dicho plazo venció el pasado 4 de diciembre de 2025 sin que, hasta la fecha, se tenga conocimiento de avances o cumplimiento.
Gaona García explicó que, ante esta omisión, el Congreso emitió un exhorto dirigido a la rectora de la UMSNH, la doctora Yarabí Ávila González, para que en un plazo improrrogable de 15 días naturales informara sobre el estado que guardan dichas adecuaciones. Este requerimiento fue notificado el 27 de marzo de 2025, sin que hasta el momento exista respuesta formal por parte de la institución.
“El incumplimiento no solo se limita al decreto, sino que también se extiende al exhorto del Congreso. No hubo solicitud de prórroga, no se entregó avance alguno y tampoco se emitió posicionamiento oficial”, señaló el presidente del Poder Legislativo.
El diputado criticó que la rectora haya recurrido al argumento de la autonomía universitaria para justificar la falta de respuesta, al considerar que este principio no debe ser utilizado como escudo para evadir responsabilidades legales.
“La Universidad Michoacana es considerada la máxima casa de estudios del estado y un pilar educativo; por ello, debería ser ejemplo de cumplimiento institucional. Lamentablemente, se percibe que la autonomía está siendo mal interpretada para encubrir omisiones e irresponsabilidades”, expresó.
Ante este escenario, Gaona García anunció que el Congreso del Estado ha decidido interponer una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa —actualmente denominado Tribunal en materia administrativa— por posibles responsabilidades derivadas del incumplimiento.
Detalló que será dicha instancia la encargada de determinar la gravedad de la falta, la cual podría ser considerada no grave —con sanciones como amonestaciones o multas— o grave, lo que abriría la posibilidad de sanciones mayores, incluida la destitución o incluso un eventual juicio político.
El legislador advirtió que esta situación podría generar afectaciones directas a la comunidad universitaria, particularmente en un contexto donde se aproxima el relevo en la rectoría, previsto para el 8 de enero de 2027.
“La falta de claridad en las normas que regirán los procesos administrativos y de elección del próximo rector podría vulnerar los derechos de aspirantes, estudiantes, docentes y trabajadores”, apuntó.
Finalmente, Gaona García subrayó que, independientemente de cualquier acción futura por parte de la universidad, el Congreso continuará con el proceso legal iniciado.
“Lo más correcto sería que la Universidad cumpla con lo establecido; sin embargo, esta soberanía no dará marcha atrás en la presentación de la denuncia”, concluyó.