Por Roberto Carlos Guevara
Morelia Michoacán a 5 de Agosto de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, consideró que la propuesta de presupuesto planteada por el Poder Ejecutivo dentro del denominado Plan B debe analizarse con mayor profundidad antes de su aprobación, al señalar que la reducción de recursos tendría consecuencias importantes para el funcionamiento del Poder Legislativo.
Durante sus declaraciones, el legislador manifestó que la propuesta es bienvenida en el sentido de buscar una mayor eficiencia en el gasto público; sin embargo, sostuvo que debe revisarse cuidadosamente y aplicarse de manera equitativa en todos los poderes e instituciones del estado.
Gaona García explicó que el proyecto contempla para el Congreso del Estado un presupuesto de 755 millones 192 mil 278.83 pesos, cifra inferior al presupuesto vigente de 1 mil 209 millones 114 mil 280 pesos, lo que representa una disminución cercana al 37 por ciento.
De acuerdo con el diputado, una reducción de esa magnitud implicaría recortes en diversas áreas de la estructura administrativa del Poder Legislativo, incluyendo personal, proveedores, recursos destinados a actividades de gestión, servicios, asesorías y otros rubros operativos indispensables para el funcionamiento cotidiano del Congreso.
Asimismo, señaló que existe una situación adicional que debe considerarse antes de aprobar cualquier disminución presupuestal: las obligaciones laborales que actualmente enfrenta el Congreso del Estado.
Indicó que actualmente permanecen alrededor de 110 demandas laborales en proceso, las cuales generan compromisos económicos para el Poder Legislativo.
Explicó que conforme se resuelven algunos casos, continúan presentándose nuevos procedimientos, lo que mantiene una presión financiera constante para la institución.
Añadió que, además de esos compromisos, durante el cambio de Legislatura se prevé la salida de personal, lo que implicará nuevas liquidaciones y obligaciones económicas derivadas de la conclusión de diversos nombramientos.
Por ello, consideró que incluso sería necesario destinar recursos adicionales para atender exclusivamente los pagos relacionados con laudos laborales y la conclusión de relaciones laborales derivadas del relevo legislativo.
El presidente del Congreso informó que la propuesta presupuestal ya se encuentra siendo analizada por el Comité de Administración y Control del Poder Legislativo, aunque señaló que, hasta el momento, no se ha desarrollado un proceso amplio de diálogo con los distintos sectores que resultarían afectados por la eventual reducción de recursos.
Entre ellos mencionó al sindicato del Congreso, con el cual recientemente se firmó un convenio que contempla un incremento del 4.5 por ciento en prestaciones laborales; además de los medios de comunicación que mantienen contratos institucionales, proveedores y trabajadores del propio Poder Legislativo.
En ese sentido, expresó que antes de implementar una disminución de tal magnitud deberían realizarse reuniones y mesas de trabajo con todos los involucrados para evaluar el impacto operativo y financiero que tendría el ajuste presupuestal.
Gaona García señaló que, una vez que el proyecto llegue formalmente al Congreso del Estado, corresponderá a las y los diputados realizar el análisis correspondiente para determinar las modificaciones que consideren necesarias antes de aprobar el Presupuesto de Egresos.
El legislador sostuvo que la revisión no debe limitarse únicamente al Poder Legislativo, sino extenderse a todas las instituciones públicas, incluyendo el Poder Judicial y las dependencias del Gobierno del Estado, con el propósito de que exista un criterio uniforme en la aplicación de medidas de austeridad.
Asimismo, planteó que el Congreso deberá revisar las nóminas y el ejercicio del gasto en todas las áreas gubernamentales para verificar que los ajustes presupuestales se distribuyan de manera equitativa y transparente.
Durante su intervención también mencionó la necesidad de analizar los recursos destinados a rubros como comunicación social, así como el presupuesto ejercido por distintas secretarías estatales y la propia oficina del titular del Poder Ejecutivo, con el objetivo de verificar que el gasto público corresponda a las necesidades institucionales.
Finalmente, el diputado petista afirmó que el Plan B representa una oportunidad para revisar el manejo de los recursos públicos en todas las dependencias estatales, siempre que su implementación se realice mediante un análisis integral, con criterios de equidad entre los distintos poderes y considerando las obligaciones financieras que actualmente enfrenta cada institución.