Morelia Michoacán a 26 de junio de 2019.-El Pleno de la LXXIV Legislatura Local aprobó la primera lectura del dictamen que contiene la reforma que adiciona la fracción X-B bis al artículo 44 de la Constitución Política del Estado, con lo que se faculta al Congreso de Michoacán a resolver los conflictos sobre límites territoriales en los municipios de la entidad, la cual fue promovida por la diputada Lucila Martínez Manríquez.
La diputada proponente celebró que se aprobará por unanimidad la primera lectura y confío que en breve pueda dictaminarse en las comisiones para que en Michoacán se dé certeza jurídica a los municipios.
Esta reforma establece que es responsabilidad del Congreso del Estado el emitir las normas que establezcan los procedimientos para resolver los conflictos que se presenten entre los municipios y el Gobierno del Estado.
Recordó que en Michoacán han existido varios conflictos suscitados entre municipios michoacanos, como es el caso de Coahuayana, Aguililla, Tancítaro, así como en los municipios de Jiquilpan y Sahuayo, los cuales actualmente se encuentran en disputa por la construcción de un retorno para el ingreso a la entrada de acceso a la Universidad de la Ciénega del Estado, obra que resulta una necesidad de la comunidad universitaria, situación que dio lugar al resurgimiento de este antiguo problema y requiere ser resuelto.
El dictamen fue elaborado por los diputados de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales en la LXXIV Legislatura Local, en el que se señala que de acuerdo a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la Constitución Federal, se desprende que es facultad del Congreso del Estado de Michoacán resolver cuestiones jurisdiccionales entre los municipios.
Lucila Martínez recordó que en los últimos años en Michoacán han surgido conflictos entre municipios respecto de sus límites territoriales, geográficos y políticos, en los cuales el gobierno del Estado y el Congreso Local han intervenido para resolver dichas situaciones, no obstante, existía poca claridad de la normativa estatal respecto del tema, no existían instrumentos jurídicos precisos para coadyuvar en la solución y con esta reforma se da la facultad al Poder Legislativo para intervenir.