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Auditorías sociales, propuesta viable para México: Miguel Ángel Villegas

En Brasil y Honduras este mecanismo ha castigado actos de corrupción, señaló el candidato a diputado federal por el distrito 10 de Morelia

Morelia, Mich., 02 de mayo de 2018.- En países de América Latina como Brasil y Honduras, las auditorías sociales han servido para castigar a funcionarios de primer nivel por actos de corrupción política, por lo que en México, resulta imperativo adoptar esta propuesta.

Así lo manifestó el candidato a diputado federal por el distrito 10 de Morelia, de la coalición Por México al Frente, Miguel Ángel Villegas Soto, al proponer la Ley de Auditoría Social, como parte de sus cinco ejes de campaña, es totalmente viable, concreta y real para llevarla a cabo.

“Un estudio elaborado por Transparencia Mexicana en el 2017 sobre el Índice de la Corrupción en el continente Americano, revela que México obtuvo 29 puntos, donde cero es muy corrupto y 100 muy transparente”, manifestó.

Expuso que en Brasil, las auditorías ciudadanas participaron de manera permanente en el caso de Petrobras, la paraestatal petrolera en donde se detectaron actos de corrupción que alcanzaron a los expresidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff, investigación que permitió conocer la manera de hacer negocios de la constructora Odebrecht en todo el mundo a través de sobornos, incluyendo está red de corrupción a políticos mexicanos.

Mientras que en Honduras, este mecanismo logró que a finales de febrero de este año fuera encarcelada la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila de Lobo, por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.

Recalcó que esta propuesta le dará más poder a los ciudadanos para revisar en qué se gastan el presupuesto los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como municipios, órganos autónomos, dependencias y cualquier ente que utilice recursos públicos.

El candidato de la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, hizo especial hincapié en que “las auditorías sociales deberán ser totalmente autónomas, es decir, que no sean financiadas por los gobiernos en turno, ya que de lo contrario no habría cambios institucionales de fondo”.

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