Agradeció la suma de las y los diputados para aprobar este jueves las reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado, en materia de derechos humanos, que presentó en marzo y que hoy son una realidad para Michoacán.
Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2022.- La atención y defensa de los derechos humanos, será una tarea que se realice de manera efectiva en los ayuntamientos del Estado, a través de sus cabildos, a través de sus Comisiones de Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, subrayó el diputado Víctor Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
El legislador agradeció la suma de las y los diputados para aprobar este jueves las reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado, en materia de derechos humanos, que presentó en marzo y que hoy son una realidad para Michoacán.
“Ahora será labor de los gobiernos municipales a través de su Comisión de Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, generar los vínculos necesarios de comunicación coordinada e interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, a fin de coadyuvar en la resolución de las situaciones de violaciones a derechos humanos”.
Explicó que el regidor o regidora al frente de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, será quien establezca el primer contacto, por ende sería el vínculo entre las víctimas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por conducto de la visitaduría regional que corresponda.
“Con esto se estará garantizando el acompañamiento a las víctimas o víctimas indirectas desde que se da conocimiento a dicha Comisión, toda vez que en su gran mayoría es a los ayuntamientos o desde los municipios desde donde primero alertan que se está suscitando una situación de esta índole o de alguna relacionada con violación a los derechos humanos”.
Víctor Manríquez recalcó que dichas comisiones también tendrán el objeto de vigilar, fomentar y coordinar que los empleados y funcionarios municipales respeten los derechos humanos entre sí y de la ciudadanía durante el ejercicio de la administración, además de velar por la erradicación de la intolerancia, la discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales de acuerdo con su orientación sexual o identidad de género.