La iniciativa que presenta, explicó, tiene el objetivo de abonar a que haya procesos equitativos e igualitarios, y de esta manera evitar que exista violencia política en razón de género.
“Lo que buscamos es que se cuente con los mecanismos legales suficientes para que la violencia política contra las mujeres también sea castigada, como el resto de actos que vulneran los derechos políticos y electorales de la sociedad en su conjunto”.
Si bien los criterios jurisprudenciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reportan avances, dijo, también es cierto que son insuficientes para que las autoridades electorales puedan actuar plenamente y erradicar tan insana práctica, por ello, se plantea establecer a la violencia política de género como causa de nulidad de una elección.
La legisladora recalcó que, sería irresponsable y lamentable que este Congreso no legisle para atender los rezagos que se tienen, y para lograr mayor justicia para todos los sectores sociales, con el objetivo de alcanzar la transformar de la vida pública del estado, más aún cuando el INEGI, señala que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún acto de violencia por el simple hecho de ser mujeres.
En los últimos procesos electorales, añadió, han existido múltiples violaciones políticas en contra de mujeres y las autoridades electorales tienen la obligación de evitar la afectación de los derechos políticos-electorales de las mujeres por violencia política de género.
Expuso que un ejemplo de lo viven las mujeres es que 1 de cada 3 hogares están a cargo de ellas, e igual en el mercado laboral también, sin embargo, en este último renglón los hombres perciben un mayor salario hasta en un 15 por ciento más, pese a que se desarrollen las mismas actividades, no obstante, por el simple hecho de ser mujer ganan menos, de acuerdo con el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Araceli Saucedo expuso que “en Michoacán somos más de 2 y medio millones de mujeres, y representamos al 52 por ciento de la población total de este hermoso estado, pero no tenemos la misma representatividad en la toma de decisiones que afectan la vida pública”.
La diputada local por el Distrito de Pátzcuaro, expuso que los resultados electorales a nivel municipal de la elección pasada fueron favorables para que 1 de cada 5 ayuntamientos michoacanos tengan al frente a una mujer; pero en 2015, de los 113 municipios, sólo 3 fueron ganados por mujeres, es decir, 1 de cada 36 municipios fueron gobernados por una mujer.
“Pero no sólo es una condición de falta de representatividad que se viva a nivel municipal; también se vive en el Poder Judicial del Estado, donde 1 de cada 3 integrantes de este poder son mujeres, mientras que en la LXXIV Legislatura 4 de cada 10 curules son ocupadas por mujeres”.
Las cifras anteriores, puntualizó, reflejan cómo este sector no es considerado en condición de igualdad para la toma de decisiones que afectan a todas y a todos, como en el diseño de las políticas públicas que se aplican por los diversos niveles de gobierno, en la definición del presupuesto y en los distintos ámbitos.
“Esto no es resultado de que las mujeres no busquemos o no queramos participar en la vida pública, sino que muchas veces es resultado de un constante proceso de discriminación, que se traduce en violencia por razones de género”.