La propuesta fue aprobada por unanimidad para que se emita el exhorto a los tres órdenes de gobierno con carácter de urgente y obvia resolución.
Morelia, Michoacán a 9 de julio del 2020.- Con la finalidad de que se implementen acciones, programas y políticas públicas para diagnosticar y atender la problemática ambiental y social relacionada al uso de sistemas de protección antigranífugos, conocidos como cañones antigranizo, la diputada local, Brenda Fraga Gutiérrez, presentó un exhorto a la federación, al estado y a los 113 ayuntamientos de Michoacán para que sus titulares actúen a la brevedad en este tema.
La propuesta fue aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso de Michoacán, además de que se le dio carácter de urgente y obvia resolución.
El exhorto presentado por la legisladora petista, también establece que se debe informar por escrito al Congreso del Estado, de manera pormenorizada, sobre las acciones, estrategias y políticas públicas que se han implementado respecto a la problemática ambiental y social relacionada al uso de cañones antigranizo.
“En distintos estados de nuestro país y desde hace varios años, campesinos e investigadores y académicos, han denunciado que el uso de este tipo de dispositivos como son los cañones antigranizo, alteran sensiblemente el ciclo del agua, al punto de prácticamente ahuyentar las nubes y, con ello, la posibilidad también de lluvia sobre las regiones que los primeros laboran para su autoconsumo o producción comercial”, dijo la legisladora en su exposición de motivos.
Fraga Gutiérrez, expuso que resulta necesario que la legislación prevea y disponga adecuadamente lo necesario para proteger y conservar la vida silvestre, el equilibrio ecológico y los recursos naturales, buscando evitar que se continúe extendiendo el uso habitual de este tipo de dispositivos mientras sus efectos adversos no estén plenamente estudiados, documentados y, por lo tanto, también, debidamente regulados por los distintos marcos normativos que correspondan.
La legisladora uruapense manifestó que el llamado es a los diferentes órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen acciones inmediatas e informen a este Congreso, de manera pormenorizada, qué estrategias se han seguido respecto a esta problemática ambiental y social derivada del uso de estos sistemas y dispositivos.