Morelia Michoacán a 18 de julio de 2019.-Los mexicanos debemos estar alerta a las tentaciones autoritarias que vulneren los Poderes del Estado, utilizando mayorías facciosas para debilitar a las instituciones públicas, apuntó el diputado integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez.
El legislador perredista calificó muy preocupantes los continuos amagos del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hacía el Poder Judicial en las determinaciones que en el mismo se toman, en torno a temas que forman parte de la agenda político-electoral del mandatario.
El vulnerar las instituciones, puntualizó, no debe ser la apuesta de las autoridades federales, ya que ello es un retroceso para una nación en su conjunto, “un país no puede regirse por amenazas, señalamientos y acusaciones, para eso están los tribunales y leyes que nos rigen”.
En este momento, el país requiere la formulación y operación de propuestas viables, que generen condiciones de equilibrio y racionalidad con fundamentos legales y sin violentar ni vulnerar los derechos ni a las instituciones.
Los constantes ataques en contra del Poder Judicial los calificó como graves ya que afecta la fortaleza y credibilidad institucional. “Nadie quiere un país confrontado, pero es evidente que hay quienes no lo entienden”, sostuvo Antonio Soto.
Dejó claro que el exigir omisión frente a la impericia e ineptitud no puede ser la ruta de relación de los Poderes en México, “en una República hay pesos y contrapesos, y se debe respetar la división de Poderes establecido en nuestra Constitución”.
Nuestro Sistema de Justicia Penal tiene reglas claras, no improvisadas, producto de un proceso que llevó años de trabajo, análisis, discusión y construcción; pretender socavarlo para justificar la falta de resultados propios, es vulnerar la impartición de justicia en nuestro país.
Con mucho esfuerzo, en México se ha construido un andamiaje legal para la protección de derechos; no podemos socavar este esfuerzo de miles de mexicanos atentando por decreto contra los derechos adquiridos por servidores públicos del Poder Judicial y organismos autónomos aunque podamos estar o no de acuerdo con ellos.
Aceptar la violación de derechos de unos, es abrir la puerta a la permisibilidad de violación de derechos de todos.