Cecilia Sierra
Morelia, Mich., 9 de agosto de 2026. — Mientras el Gobierno Federal desplegó a cientos de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en Michoacán ante la suspensión temporal de las exportaciones de aguacate por una alerta de seguridad, 120 comunidades indígenas que desde hace casi un año solicitaron una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permanecen sin respuesta.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) señaló que esta situación evidencia una diferencia en la atención que reciben los problemas de seguridad de las comunidades originarias frente a los intereses relacionados con la producción y exportación del aguacate.
La organización sostuvo que los pueblos indígenas enfrentan una crisis de inseguridad e injusticia, sin que las autoridades federales atiendan la solicitud de las comunidades para exponer la situación que prevalece en sus territorios.
De acuerdo con el CSIM, durante los últimos cuatro años se han registrado más de 20 ataques armados contra comunidades originarias atribuidos al crimen organizado.
También señaló que alrededor de 20 integrantes de las Rondas Comunales, cuerpos de seguridad de las comunidades, han sido asesinados en defensa de sus territorios.
A estos casos se suman, según la organización, más de 70 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de autoridades tradicionales y luchadores sociales, a quienes identificó como defensores de sus comunidades, bosques y derechos colectivos.
El CSIM afirmó que Michoacán se convirtió en un laboratorio de cinco planes de justicia y sostuvo que, pese al discurso oficial, la impunidad permanece como una constante en los casos que afectan a los pueblos originarios.
Cuestionan consulta indígena
La organización también cuestionó el proceso de consulta relacionado con la legislación en materia de pueblos indígenas, al considerar que se trata de un ejercicio de simulación.
El CSIM argumentó que la consulta no cumple con el carácter previo debido al número de disposiciones que deben revisarse y al tiempo establecido para el proceso.
Señaló que se pretende analizar 453 artículos relacionados con 16 mil 728 pueblos en un periodo de 37 días, por lo que consideró que las comunidades no cuentan con condiciones para revisar de manera adecuada el contenido de la propuesta.
También cuestionó que los resultados de la consulta no tengan carácter vinculatorio, debido a que las opiniones de los pueblos quedarían como observaciones y recomendaciones para la legislación.
En Michoacán, agregó, personal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas presenta el contenido de la ley a algunas comunidades en sesiones de alrededor de dos horas.
El CSIM consideró que ese mecanismo tampoco cumple con el principio de pertinencia cultural, debido a que, de acuerdo con los sistemas normativos de las comunidades, la máxima autoridad es la asamblea general de cada pueblo y no los foros regionales.
La organización añadió que el proceso deja fuera a comunidades que no aparecen en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del INPI.
Para el CSIM, las comunidades indígenas permanecen así entre la inseguridad, la falta de justicia y un proceso de consulta que, sostuvo, no garantiza la participación efectiva de los pueblos originarios.